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| Encuentro Nacional de Autoridades y Dirigentes de Pueblos Indígenas |
A UN MES DE INICIADO EL NUEVO
GOBIERNO DE LA NUEVA MAYORÍA, LAS AUTORIDADES ANCESTRALES Y DIRIGENTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AUTOCONVOCADOS, DECLARAMOS PÚBLICAMENTE:
1.- EL ESTADO DE CHILE SIGUE
INCUMPLIENDO EL CONVENIO 169 TRATADO INTERNACIONAL DE LA OIT.
El panorama que enfrentamos los pueblos indígenas debido a la implementación
del convenio 169 de la OIT por parte
del Estado de chile continúa siendo complejo. No sólo el Poder Ejecutivo incumple el Convenio sino que también el
Poder Legislativo.
Las medidas administrativas y
legislativas que se han planteado en el Programa de Gobierno de Michelle
Bachelet
y sus primeras 50 medidas, en todos aquellos aspectos que nos afectan como
pueblos indígenas deben ser consultados previa, libremente y de manera
informada, según los estándares internacionales y tal cual lo señala el
artículo 6 del Convenio 169. Asimismo, tenemos derecho a participar en las
políticas, planes y programas públicos en materias indígenas según el artículo
7.
Consideramos de suma gravedad la
inexistencia, hasta ahora, de una gestión política y pública, bajo el principio
de “buena fe”, de la articulación y vinculación recíproca entre tratado
internacional ratificado por Chile, el derecho interno, derecho consuetudinario
y la jurisprudencia nacional e internacional de los organismos de derechos
humanos. En síntesis los pueblos indígenas esperamos que se aborden los asuntos
estructurales entre el Estado de Chile y los Pueblos Indígenas, en concordancia
con las exigencias de los tratados internacionales y derechos de los pueblos
indígenas.
2.- SOBRE LA REGLAMENTACIÓN DE
LA CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DECRETO 66 Y LA CONSULTA INDIGENA CONTENIDA
EN REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) DEL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
El Estado no puede seguir retrasando o
queriendo aplicar de modo torcido con apariencia de rectitud el cumplimiento de
sus obligaciones internacionales, haciendo tabla rasa de la insatisfacción de
los pueblos indígenas respecto a los dos reglamentos que promulgó el gobierno que
le precedió (número 66 y 40) y su solicitud de derogación inmediata. Resolución
que pudo haberse adoptado con la misma celeridad y fuerza que lo hizo el
Ministro de Economía con el decreto 153 que normaba el contrato con las
instituciones financieras.
Sin embargo, los gobernantes de turno,
como un libreto kafkiano autoaprendido,
de acatamiento corporativo, una y otra
vez, fijan una hoja de ruta y una agenda política confusa, saturada de
laberintos clientelares, uso intensivo de estratagemas burocráticos y la
supremacía del poder de estado, domesticando
la participación de los pueblos indígenas y relativizando nuestros derechos
con arreglo a un sistema mayor que nos somete provocando daños irreparables a
nuestra propia identidad.
A pesar,
que se ha mantenido una amplia oposición de los pueblos indígenas, tanto en la
forma como en el fondo, de los procesos llevados a cabo por el anterior
gobierno, con el objeto de construir reglamentos para la consulta indígena, hoy
día el Ministerio de Desarrollo Social, a través de su ministra María Fernanda
Villegas, insiste en continuar una política indígena, manteniendo y publicitando en la página web del Ministerio el ilegitimo decreto
66, que se convierte en verdadero mecanismo atentatorio que no hace más que
facilitar legalmente el despojo de los territorios y sus recursos. Dañando
esencialmente el desarrollo y vida de los pueblos indígenas.
Tanto el
Decreto 66 de consulta indígena general y el 40 que regula la consulta indígena
contenida en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA), solventan procesos consultivos instalados sin eficacia
real, que no reguardan los intereses y necesidades de los pueblos indígenas.
Son formulados para mantener la desigualdad estructural que aqueja a los
pueblos indígenas, legitimando a los pocos que tienen el poder en el país,
impidiendo que se logre justicia para nuestras justas demandas y derechos.
De esta forma, el Gobierno de la
Nueva Mayoría, salvaguarda una política indígena conservadora haciendo política
sin considerar al conjunto de los pueblos, sujetos, organizaciones y
autoridades ancestrales. Se han quedado en esa vieja forma de gobernar en el
clientelismo y en la confusa institucionalidad que mezcla estado y pueblos
indígenas institucionalizados, transformándola como siempre, en una mayoría estatal que prevalece
al momento de la decisión política sobre las legítimas demandas de los pueblos indígenas.
3.- CONADI INSTITUCIONALIDAD
ESTATAL INDÍGENA Y NO INSTITUCIONALIDAD ANCESTRAL INDIGENA
Un vez más se ha puesto de relieve los problemas estructurales que demuestra la ausencia de política pública hacia los pueblos
indígenas, privilegiando el desarrollo de política social, a través de una
institución como CONADI, que resuelve problemas sociales y que no soluciona el
problema político de fondo.
Cada gobierno que rige aplica el
monopolio legítimo que lo sustenta para alcanzar un determinado tipo de
sociedad. En este sentido el Gobierno de la Nueva Mayoría, no se ha
diferenciando de otros gobiernos. Plantea y gestiona sus políticas desde el
Estado superpoderoso, no lo hace siguiendo los principios esenciales del
Convenio 169 ni mucho menos de la Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
Sin duda alguna es un retroceso político para los
pueblos indígenas, que hasta ahora, no exista claridad política, que no se
deroguen decretos ilegítimos, que no se presenta ante los pueblos indígenas y
al pueblo chileno un modelo concreto de cómo se resolverán problemas
históricos. Que se siga privilegiando el desarrollo de una institucionalidad
estatal indígena, por una parte y por otra, que se haga política indígena con
“expertos” en las sombras, que se trasmutan en verdaderos operadores de una ética del lucro privado y
que se amparan bajo una red de influencias y compromisos políticos con el
sistema y su élite.
Hacemos presente que esta política
nefasta, en el gobierno de la derecha, pretendió fomentar entre otras cosas la
idea del mapuche emprendedor, de tal modo que se valió de esta visión para
formular planes globales y fragmentados en todos los pueblos, así mismo
intentar replicar fuera de realidad modelos extranjeros de pueblos indígenas
que han sido relegados a “reservas” tipo museo.
INSISTIMOS que conadi no es el
órgano representativo de los pueblos, es una institucionalidad cuestionada por
no resolver los problemas políticos de fondo. Asimismo, dejamos claro que NO
tenemos “casas de estudio, ni instituciones internacionales ni ONGs ni
expertos” que hablen por nosotros. Es nuestra VOZ la que se debe respetar. No queremos participar como una sociedad
indígena asimilada y subordinada, totalmente contraria al espíritu de cada
pueblo indígena.
Las explicaciones
y fundamentos sobreabundan, sin embargo para avanzar en materia de los pueblos
indígenas, se debe realizar desde el enfoque de derechos, humanos y de los pueblos indígenas, los que
deben ser respetados y resguardados dentro del marco de los tratados y recomendaciones
tanto nacionales e internacionales que obligan al Estado chileno a cumplir con
sus exigencias.
4.- EL ESTADO TIENE QUE ASUMIR
UN ROL ACTIVO EN EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA PUBLICA PARA LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
No se debe esperar
la presión social para actuar. La definición de una política pública hacia los
pueblos indígenas es una tarea que
se tornará constante y
se insistirá en el mecanismo apropiado para su definición y su desarrollo. NO
ES UNA INVITACION A PARTICIPAR, TENEMOS EL DERECHO Y ES IRRENUNCIABLE. El Estado debe asimilar los nuevos tiempos
políticos respecto a la forma de hacer política con los pueblos indígenas, eliminando para ello toda forma de
cooptación.
Exigimos un trato igualitario y justo, consideramos que la recepción
de parte del Ministerio Secretaria General de la Presidencia a grupos indígenas
que expresan una sola visión del problema y se postergue y niegue la
comunicación con los pueblos indígenas como las Autoridades Ancestrales y
Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados, que han mantenido una
postura clara por la defensa de los derechos de los pueblos. Esta negativa a
ser recibidos por parte de las actuales autoridades, demuestran que el Ministro
de Medio Ambiente y la Ministra de Desarrollo Social, plantean una política de
dialogo caracterizada por el sectarismo y que todo apunta que se consolide una
seudo institucionalidad indígena, y que se cercenen nuestros derechos a la
consulta previa, libre e informada tal cual fue concebida originalmente en el
decreto 124 y que en definitiva solo seamos escuchados con la finalidad de
convencernos que los proyectos de inversión son beneficiosos para las
comunidades o que la Conadi es la institución que reemplaza a las Instituciones
Ancestrales de los Pueblos Indígenas.
La tensión entre el Estado y los
Pueblos Indígenas seguirá intensificándose, dado el carácter complejo del tipo de
economía que se impulsa en el país, el modelo de desarrollo, políticas clientelares y
de sometimiento y, así como también, la negación permanente a sus Dirigentes
Autoconvocados y Autoridades Ancestrales.
Por esta razón insistir en la
lógica política que se ha usado hasta ahora sería repetir el fracaso y
profundizar aún más la deuda histórica.
Finalmente, insistimos que es absolutamente necesario incorporar en la
agenda pública un discurso altamente incluyente y coherente hacia los pueblos
indígenas en el quehacer nacional, que se centren en la necesaria autonomía y
autodeterminación, participación
política, formulación e implementación de políticas públicas con enfoque
de derechos de los pueblos indígenas,
creación y gestión de nuestra propias instituciones pluriculturales,
reformas políticas en el marco de nuestro derechos, entre otras.
Santiago, 11 de Abril 2014
“ Autoridades Ancestrales y Dirigentes de
Los
Pueblos Indígenas Autoconvocados”
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