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| Senador Alejandro Guillier. |
Comenzó en la Cámara de Diputados el debate por la reforma tributaria más
importante desde el gobierno del Presidente Aylwin. Dicha reforma nos acompañó
por 25 años y permitió iniciar la transición a la democracia en un clima de
crecimiento, paz social y estabilidad política. La aprobación de la reforma
propuesta por la Presidenta Bachelet también marcará el rumbo por un largo
período. Aborda dos debilidades extremas del llamado “modelo” chileno: la brutal
desigualdad en la distribución de la riqueza y la necesidad de recaudar recursos
frescos que ayuden a asegurar educación y salud de calidad a toda la población.
Sin embargo, esta reforma carece de la dimensión territorial de la justicia
social, la que debe ser abordada en el contexto de este debate tributario, pues
no habrá una nueva oportunidad de hacerlo en, al menos, las próximas dos
décadas. Todos los temas de la agenda de cambios impulsados por la Presidente
Bachelet tienen este componente regional.
La experiencia de los países desarrollados confirma esta determinación: cada
uno de esos países ha desplegado una intensa agenda reformadora a favor de sus
regiones, provincias y comunas, dotándolas de recursos y potestades de
conformidad con la realidad social, económica, cultural y étnica de cada uno de
sus territorios. Durante 40 años hemos hablado en Chile de descentralización,
pero los avances han sido tímidos. Necesitamos acelerar las reformas
administrativas y políticas para que, a partir del voto, las regiones puedan
darse su propio “buen gobierno”. Ese proceso será infértil si no va acompañado
de su componente fiscal. Las regiones deben tener capacidad para administrar los
recursos que se les traspasa por Ley desde el nivel central, pero también
necesitan dotarse de la facultad de recaudar sus propios recursos. Con este
propósito me permito aportar a la discusión, cuyo sentido es cambiar el rostro
de la desigualdad en Chile, algunos puntos omitidos en el proyecto del Ejecutivo
y que necesitan de su patrocinio:
a) Ley de Patentes Municipales: debemos terminar con el cálculo del monto
según el valor del capital propio, reemplazando éste por el nivel de ventas de
bienes y servicios.
Además, las patentes deben ser canceladas no en la sede de la casa matriz de
cada empresa, las que habitualmente se ubican en las comunas de mayores ingresos
de la Región Metropolitana, sino en aquellas comunas donde se desarrollan sus
actividades y donde se generan los impactos sobre la calidad de vida de la
población.
b) Tributación Minera: debe cederse en favor de las regiones una parte de los
impuestos pagados por las empresas mineras para que estas puedan acometer planes
de contención de las externalidades negativas de la explotación de los minerales
y, al mismo tiempo, invertir en infraestructura y reconversión productiva que
permitan asegurar un desarrollo sustentable en el largo plazo y enfrentar las
crisis derivadas de los ciclos o fluctuaciones de precios en el mercado
internacional de los commodities mineros.
c) Impuestos verdes que graven la acción contaminante: una parte de este
tributo debe cederse a favor de los municipios donde se verifican las
emanaciones o vertimientos a través de fuentes fijas, de manera de dotarlos de
medios para acometer acciones de mitigación del daño ambiental a través de
mejoras en la atención de salud primaria, protección del medio ambiente,
paisajismo, etc. Recordemos que Calama es la comuna de Chile más saturada por
azufre.
d) Regalías por impactos socioambientales de los procesos productivos de las
grandes empresas: es indispensable que discutamos si seguiremos dejando que el
Estado quede a cargo de las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias de
los procesos productivos a gran escala. El impacto de la minería en el norte; de
las explotaciones forestales y de la acuicultura en el sur; o la generación de
la energía a través de plantas generadoras que contaminan el agua, el suelo y el
aire, deben traer aparejado un creciente proceso de responsabilidad por parte de
las empresas, el que hasta ahora ha sido insuficiente y de dudosa
efectividad.
e) El royalty del Presidente Lagos (en rigor un impuesto específico) ha
quedado concentrado en pocas universidades ubicadas en la Región Metropolitana.
Sólo montos marginales han favorecido a las regiones mineras, pese a que el
objetivo de este impuesto era estimular la investigación científica y
tecnológica de estas regiones para avanzar en la descentralización, creación de
valor y reconversión productiva.
f) En particular, para las regiones del norte urge una definición del destino
del Fondenor (Fondo de Desarrollo del Norte), otra promesa diluida en el
desinterés del centro político nacional que se resiste a descentralizar el poder
y los recursos públicos. Estos fondos buscan asegurar el mejoramiento de la
infraestructura social y la calidad de vida de las comunas mineras.
g) Capítulo especial lo constituye el royalty a las actividades que explotan
recursos naturales. La mayoría de los países rentistas que viven de sus materias
primas cobran este derecho de explotación de recursos no renovables y/o que
pertenecen a toda la comunidad. En Chile no hemos logrado construir un consenso
político para abordar esta reivindicación porque los yanaconas criollos temen
una fuga de inversionistas, hecho que no ha ocurrido en los países que cobran
este derecho de explotación.
Atendida la naturaleza de nuestro mandato en circunscripciones electorales
con base en las regiones, el Senado es por excelencia el espacio institucional
para deliberar sobre estas grandes demandas regionales. La oportunidad es ahora
o no lo será en el futuro mediato. Tenemos la oportunidad de colocarnos a la
altura de lo que nos demanda la ciudadanía. No quedemos rezagados en este anhelo
de justicia territorial, cuyo incumplimiento sólo nos va a generar mayores
conflictos si no hacemos sintonía con lo que nos demandan nuestros compatriotas
a lo largo del país.
Senador por Antofagasta, Alejandro Guillier.
http://www.senado.cl/tributos-regionales-la-justicia-olvidada/prontus_senado/2014-05-02/122518.html
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